Los expertos en el manejo de las finanzas públicas suelen decir que no hay mejor estrategia que llenar un tacho con agua de reservas para tiempos de sequía. Pero el problema arranca cuando se hace la primera perforación al recipiente. Luego viene otra; y otra y otra... Así, se quedan sin reservas; se esfuma el ahorro y, por ende, la tranquilidad financiera. Este año que mañana llega a su fin, las finanzas tucumanas cerrarán con un superávit de entre $ 350 millones y $ 500 millones. No es poco, tomando en cuenta la situación de otros distritos que tienen serias dificultades para abonar los salarios. Buenos Aires, Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y La Rioja se inscribieron entre las jurisdicciones más comprometidas fiscalmente y que exteriorizaron al nuevo gobierno sus inconvenientes para cumplir con sus obligaciones salariales.

Cuenta la leyenda que el bono navideño, que se terminará de pagar después de carnaval, pudo haber sido una ayuda financiera similar a la del año anterior más un ajuste por inflación. En buen romance, eso implicaba un promedio de $ 2.100 por agente. Mauricio Macri había puesto el dedo en la llaga. El presidente de la Nación salió a descartar cualquier posibilidad de generalizar el pago de un plus a los empleados públicos frente a la realidad económica que vive el país. “En su primera medida, el Gobierno ha dado beneficios a los sectores agropecuarios, exportadores, pero no quiere otorgar un bono de fin de año a los que sostenemos” tareas en la administración pública nacional, afirmó ayer el secretario general de ATE Nacional, Hugo Godoy. Alrededor de 10.000 estatales nacionales rodearon el Ministerio de Trabajo como parte del plan de lucha federal en reclamo de un bono de $ 5.000.

“No hay plata para atender ese reclamo”, dicen en Balcarce 50, la Casa Rosada. En Tucumán, el gobernador Juan Manzur levantó la apuesta. A tal punto que, según trascendió, algunos sindicalistas se sorprendieron por el cambio de rumbo en la respuesta oficial. “Se pagará en dos cuotas, una en enero y otra con el sueldo de febrero”, anunció Manzur respecto del bono de fin de año de $ 4.000 que recibirá cada empleado de la administración pública provincial.

La decisión del mandatario tucumano implica una erogación extra de unos $ 450 millones. He aquí uno de los primeros agujeros que se efectuó al tacho con agua que dejó la gestión de José Alperovich.

El monto implica casi el incremento que busca la Dirección General de Rentas con el polémico reajuste de las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los grandes contribuyentes. O equivale a un tercio de una planilla salarial mensual o a cerca de un 1% del presupuesto previsto para el año que viene. Una gota de agua en el lenguaje fiscal, pero que puede convertirse en gotera en cualquier momento, advierten. Manzur quiere arreglar todo a través de la política. Tal vez por eso, en las negociaciones con los sindicalistas que representan a los estatales no estuvo el ministro de Economía, Eduardo Garvich. Una situación que no pasó desapercibida por los negociadores del sector laboral. “Con el anterior gobierno era más difícil negociar. Siempre se partía de la base de que no hay”, confesó un viejo dirigente sindical. Sucede que en economía, la administración suele realizarse desde la escasez de recursos.

El sí fácil de Manzur puede resultar un bumerán: puede que predisponga a los paritarios sindicales hacia una negociación pacífica, que no trastorne el regreso a clases de los escolares -como suele ocurrir año tras año-. Pero también puede llegar a disparar la demanda de reajuste salarial. A nivel nacional, los colaboradores de Macri proyectan un incremento de entre un 27% y un 30% para los salarios en las principales actividades económicas. Con un simple ejercicio financiero puede estimarse que el costo para el Estado tucumano rondaría los $ 4.000 millones anuales, casi un 9% extra al total de gastos del ejercicio.

El tacho todavía tiene agua. No se sabe cuánto. El ahorro que ha dejado Alperovich es uno de los secretos mejores guardados en la Casa de Gobierno. Es la herencia que le dejó a su sucesor, Manzur, y que le garantiza un tránsito financiero tranquilo hasta el primer trimestre del año del Bicentenario. Luego será el actual gobernador el que deba buscar la receta para generar su propio ahorro. Tal vez imite lo que su antecesor ha motorizado en los primeros años como gobernador: reajuste del 16% de las partidas presupuestarias en distintas áreas consideradas no sensibles para la prestación de los servicios esenciales a la comunidad. Tomar deuda con la emisión de títulos públicos no parece ser el camino de generar recursos adicionales.

• Uno, porque el Estado provincial tiene problema de scoring y sólo puede garantizar la emisión de empréstito con los fondos de coparticipación federal de impuestos. Los inversores reclaman, actualmente, otros avales adicionales, particularmente viniendo desde la Argentina.

• Dos, porque es poco probable que el Gobierno nacional autorice emisiones de deuda en momentos en que está tratando de regularizar la propia.

La otra vía para incrementar el rubro ingresos es el reajuste en los impuestos provinciales. En este aspecto, la actual gestión ya avanzó con el retoque de alícuotas para los grandes contribuyentes, un sobrecosto fiscal que, en definitiva, lo terminarán pagando los consumidores. No hay empresa de servicios ni actividad productiva que no traslade el reajuste impositivo al precio final. Así están dadas las cosas; por más que se recargue al sector que más factura, siempre una medida de tal naturaleza repercute en toda la cadena de comercialización y de consumo.

Se cierra un año con superávit fiscal. Se abren interrogantes para 2016, con el desafío de sostener la provincia en la misma senda y evitar que vuelvan los fantasmas del pasado, en el que el rojo fiscal era la constante, con todo lo que ello implica para el sector público, en el que la demanda es infinita, pero los recursos suelen ser escasos. Por eso se requiere una sana administración financiera.